Tabla de contenidos
- 1. Límite a deducciones podría frenar inversión y empleo
- 2. Impacto del Paquete Económico 2027 en las deducciones fiscales
- 3. Empresas afectadas por la limitación de deducciones
- 4. Reacciones del sector empresarial ante la propuesta
- 5. Consecuencias para la inversión y el empleo formal
- 6. Perspectivas sobre la informalidad empresarial
- 7. Opiniones de líderes empresariales sobre la medida
- 8. Impacto de los límites de
Nota de alcance: el tema se discute a partir de la propuesta incluida en el Paquete Económico 2027, reportada por Expansión.
Límite a deducciones podría frenar inversión y empleo
- El Paquete Económico 2027 propone limitar deducciones para calcular ISR, según Expansión.
- La SHCP busca elevar la recaudación y acotar esquemas de empresas que reportan pérdidas por años, de acuerdo con declaraciones del secretario Édgar Amador en el Expansión Summit 2026.
- La medida aplicaría a personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y utilidad fiscal, según Expansión.
- Organismos como CCE, Comce y Coparmex advierten riesgos para inversión, contratación y formalidad, reporta Expansión.
Impacto del Paquete Económico 2027 en las deducciones fiscales
El cambio que hoy concentra la conversación empresarial viene del Paquete Económico 2027, que propone limitar las deducciones que ciertas empresas pueden usar para calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR), según reportó Expansión el 23 de septiembre de 2026 (Patricia Tapia). La intención explícita de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es elevar la recaudación y cerrar espacios que, de acuerdo con la autoridad, han sido utilizados por compañías que durante años han reportado pérdidas o han pagado muy poco ISR.
El alcance no es universal. La medida alcanzaría a personas morales residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que obtengan utilidad fiscal. Es decir: no se trata de un ajuste para microempresas por definición, pero sí puede tocar a negocios que, por su modelo, venden mucho, mueven inventario, operan con costos altos y márgenes estrechos.
En el fondo, Hacienda plantea un dilema de política pública: necesita recursos y, al mismo tiempo, busca que la recaudación sea más consistente. La SHCP estima que los cambios relacionados con deducciones y pérdidas fiscales podrían aportar alrededor de 140,000 millones de pesos adicionales.
El propio secretario de Hacienda, Édgar Amador, explicó el razonamiento desde la óptica de la autoridad. En el Expansión Summit 2026, el 10 de septiembre, dijo: “Hemos encontrado personas morales con 10 años sin utilidades… se nos hace difícil imaginarnos una persona moral que tiene 10 años sin utilidades y sigue activa, entonces, lo que queremos controlar es esa parte”, según la cita recogida por Expansión. El mensaje es claro: el objetivo es contener prácticas que, desde la perspectiva del gobierno, no cuadran con la lógica de una empresa operando “normalmente”.
El contexto fiscal también pesa. Para 2027, Hacienda proyecta que la recaudación tributaria alcance 15.9% del PIB, un máximo histórico, mientras el saldo de la deuda pública rondaría 55% del PIB y el costo financiero ascendería a alrededor de 1.57 billones de pesos, según cifras reportadas por Expansión. En ese entorno, cualquier ajuste que prometa ingresos adicionales se vuelve políticamente atractivo, pero económicamente sensible para quien opera con flujo apretado.
Empresas afectadas por la limitación de deducciones
La discusión no es solo “quién paga más”, sino quién queda atrapado por una regla diseñada para otro tipo de comportamiento. De acuerdo con Expansión, el sector privado advierte que la misma limitación que busca alcanzar a empresas que han reducido artificialmente su ISR puede terminar afectando a compañías que sí cumplen, pero que por la naturaleza de su negocio tienen costos elevados y márgenes pequeños.
En el reporte de Expansión aparecen como potencialmente vulnerables distribuidores, abarroteros, mayoristas, comercios y pequeñas empresas. La razón operativa es sencilla: en negocios de rotación, logística y volumen, el margen puede ser “de unos cuantos pesos” después de pagar mercancía, salarios, renta, transporte, energía, intereses y otros gastos indispensables, según describe Expansión. En ese tipo de estructura, una modificación fiscal puede cambiar la aritmética de forma inmediata.
Aquí conviene separar dos planos que suelen confundirse en la conversación pública:
- Utilidad fiscal: la que resulta de reglas fiscales (ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, con sus límites y tratamientos).
- Realidad financiera del negocio: la que se vive en caja y en operación (flujo, capital de trabajo, inventario, cobranza, costo financiero).
El CCE subraya justamente esa distancia: la utilidad fiscal puede alejarse de la realidad financiera, según Expansión. Y cuando esa distancia crece por un recorte de deducciones, el impuesto puede sentirse como si se cobrara sobre una “utilidad” que no se traduce en liquidez disponible.
Coparmex también pone el foco en ese punto. Según Expansión, el organismo coincide en que los límites propuestos pueden hacer que algunas compañías paguen ISR sobre una utilidad fiscal que no corresponda completamente con su situación financiera, con un impacto particular en empresas endeudadas o con márgenes reducidos. Para una PyME que financia inventario, maquinaria o expansión con deuda, el costo financiero existe aunque fiscalmente el resultado se vea distinto.
Además, aunque el umbral de aplicación mencionado por Expansión es de más de 50 millones de pesos en ingresos acumulables, el efecto puede transmitirse hacia abajo por cadena: proveedores más pequeños que dependen de un mayorista o distribuidor pueden resentir ajustes de compras, plazos o volumen si el actor grande recorta inversión o aprieta costos para compensar el mayor pago de ISR.
Reacciones del sector empresarial ante la propuesta
Las cámaras empresariales no han negado el problema que Hacienda dice querer resolver; el desacuerdo está en el diseño y en los efectos colaterales. Según Expansión, organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierten que el riesgo no termina en pagar más impuestos: puede llegar a decisiones de inversión, contratación y permanencia en la formalidad.
En el caso del CCE, su presidente José Medina Mora reconoce el objetivo de fondo. De acuerdo con Expansión, dijo: “Esto es una buena medida para que aquellas empresas que no pagan impuestos los paguen. Pero afecta a otras”. La frase resume una postura que vemos con frecuencia en el sector productivo: sí a combatir la evasión, pero con mecanismos que no castiguen a quien opera con márgenes estructuralmente bajos.
El mismo CCE acordó con la Secretaría de Hacienda abrir mesas especializadas para revisar la propuesta, según Expansión. Ese detalle es importante porque sugiere que, al menos en esta etapa, hay espacio para ajustes técnicos: definiciones, excepciones, transitorios o criterios que distingan entre abuso y operación legítima.
Coparmex, por su parte, reconoce la necesidad de combatir la evasión y destaca que el Paquete Económico no plantee nuevos impuestos generales ni incrementos generalizados de tasas, según Expansión. Pero también advierte que eso no significa que la carga tributaria se mantenga igual: si se limitan deducciones, el ISR efectivo puede subir para ciertos perfiles de empresa.
En el Comce, la preocupación se expresa como un “efecto dominó” que empieza en impuestos y puede terminar en informalidad. Según Expansión, su vicepresidente Juan Pablo Castañón plantea que cuando una empresa pierde parte de sus deducciones, dispone de menos flujo; si además enfrenta aumentos salariales y otros costos laborales y operativos, debe compensar por algún lado.
Y ahí aparece el punto más sensible: el ajuste no siempre puede trasladarse a precio. Como explicó Castañón, citado por Expansión: “Si tú aumentas los costos y no puedes aumentar los precios porque el mercado no te lo permite, pues tienes que bajar otros costos”. En sectores con competencia intensa, contratos ya pactados o consumidores sensibles al precio, el margen de maniobra es limitado.
Consecuencias para la inversión y el empleo formal
Para una PyME o empresa mediana, el impacto de una limitación de deducciones rara vez se queda en “pagar más ISR” como un evento aislado. Se convierte en una decisión de asignación de recursos: qué se compra, qué se pospone, a quién se contrata y bajo qué condiciones.
Según Expansión, el sector privado advierte que el golpe puede llegar a posponer la compra de maquinaria, detener la apertura de una sucursal, contratar menos trabajadores o incluso reducir personal. En términos operativos, esas son decisiones típicas cuando el flujo se aprieta: primero se recorta CAPEX (inversión), luego expansión, y finalmente nómina o estructura.
El propio Castañón lo expresó con énfasis en el efecto sobre empresas pequeñas: “Se frena la inversión formal, sobre todo de las pequeñas empresas que no tienen cómo compensar el alza de costos”, según Expansión. Aunque la medida se describe para personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos, el comentario apunta a un fenómeno real en cadenas productivas: las empresas más chicas suelen tener menos capacidad de absorber shocks, menos acceso a financiamiento y menos margen para renegociar.
También hay un ángulo de empleo formal que no siempre se discute con claridad: no se trata solo de “más o menos plazas”, sino de cómo se registra el empleo. De acuerdo con Expansión, Castañón pone un ejemplo cotidiano: una empresa puede conservar a sus trabajadores, pero registrar ante la seguridad social un salario inferior al que realmente reciben o pagar una parte fuera de los esquemas formales. Eso no es un detalle administrativo: cambia el costo laboral, la base de contribuciones y la protección social del trabajador.
En empresas grandes puede existir espacio para absorber parte del golpe, según Expansión. En empresas pequeñas, las opciones se reducen rápido. Y aquí entra un dato estructural que dimensiona el riesgo: en México, las MiPyMEs representan 99.8% de las unidades económicas, según Expansión. Cuando un cambio fiscal altera incentivos o liquidez, el impacto potencial se multiplica por el tamaño del universo empresarial.
En la práctica, cuando el flujo se estrecha por cualquier razón (impuestos, costos laborales, energía, logística), la empresa tiende a priorizar lo urgente: pagar nómina, proveedores críticos y obligaciones fiscales. La inversión productiva —la que eleva capacidad o eficiencia— suele ser la primera víctima. Y cuando la inversión se frena, el crecimiento del empleo formal se vuelve más difícil de sostener.
Perspectivas sobre la informalidad empresarial
La informalidad aparece en el debate como un riesgo de segundo orden, pero en realidad puede ser el canal más dañino a mediano plazo. Para Juan Pablo Castañón el problema comienza con los impuestos, pero puede terminar en otro lugar: la informalidad.
El mecanismo que describe Expansión es incremental: si una empresa pierde deducciones, tiene menos flujo; si además enfrenta aumentos salariales y otros costos, busca compensar. Puede intentar subir precios, pero “no siempre” es posible, según el propio Castañón citado por Expansión. Entonces recorta costos. Y cuando ya recortó lo recortable (inversión, expansión, gastos discrecionales), aparece la tentación de mover una parte de la operación fuera de la formalidad.
El ejemplo de subdeclarar salarios o pagar una parte “por fuera” es especialmente revelador porque muestra cómo la informalidad no siempre es “cerrar y abrir en negro”; a veces es una zona gris dentro de una empresa que sigue operando formalmente en otros frentes. Castañón advierte que una empresa puede mantener a su gente, pero registrar un salario menor al real ante la seguridad social.
En términos de política pública, esto es un problema doble: por un lado, se busca elevar recaudación; por el otro, una mala calibración puede empujar prácticas que erosionan la base contributiva y debilitan la formalidad laboral. Por eso Castañón plantea preguntas abiertas, según Expansión: “¿Qué va a pasar con la tributación de la pequeña empresa? ¿Qué seguirá pasando con la formalidad? ¿Seguirá disminuyendo? Esa es nuestra pregunta y esa es nuestra observación”.
También hay un punto de coincidencia entre organismos empresariales: nadie está defendiendo a las “factureras” o la simulación. El Comce no cuestiona que el SAT persiga la facturación de operaciones inexistentes, y el debate se centra en evitar que el ajuste “impacte en el resto de la economía” que sí opera correctamente.
Para una PyME, la informalidad no es una abstracción: es un riesgo operativo (multas, auditorías, pérdida de clientes corporativos), financiero (acceso a crédito y factoraje) y reputacional. Si el entorno fiscal empuja a más empresas a esa zona gris, el costo sistémico se paga en productividad, competencia desleal y menor capacidad de financiar crecimiento.
Opiniones de líderes empresariales sobre la medida
Las voces empresariales que recoge Expansión muestran un patrón: acuerdo con el diagnóstico de evasión, desacuerdo con el instrumento si no distingue bien entre abuso y operación legítima.
José Medina Mora, presidente del CCE, reconoce el problema que Hacienda intenta resolver: la autoridad ha identificado empresas que acumulan años sin pagar ISR o que reportan pérdidas fiscales de manera recurrente, según Expansión. Su frase —“Esto es una buena medida… Pero afecta a otras”— pone el acento en el daño colateral.
En el Comce, Juan Pablo Castañón lleva el argumento al terreno de decisiones concretas: si no se puede subir precio, hay que bajar costos, según Expansión. Y cuando se baja costo, el recorte puede tocar inversión, expansión y empleo. Su advertencia sobre “frenar la inversión formal” en pequeñas empresas, citada por Expansión, conecta con una preocupación central: la formalidad no solo depende de voluntad, también depende de viabilidad financiera.
Coparmex aporta un matiz relevante: celebra que no haya nuevos impuestos generales ni alzas generalizadas de tasas, pero advierte que limitar deducciones puede elevar la carga efectiva, según Expansión. Además, coincide en que algunas compañías podrían pagar ISR sobre una utilidad fiscal que no refleja su situación financiera, especialmente si están endeudadas o tienen márgenes reducidos, según el mismo reporte.
Del lado del gobierno, la postura del secretario Édgar Amador es que hay casos difíciles de justificar: personas morales con 10 años sin utilidades que siguen activas, según su declaración en el Expansión Summit 2026 citada por Expansión. Esa afirmación explica por qué Hacienda busca “controlar esa parte”, en sus palabras.
Y hay una línea de convergencia que vale subrayar: el CCE acordó con Hacienda abrir mesas especializadas para revisar la propuesta, según Expansión. En un tema técnico como deducciones, el diseño importa: umbrales, definiciones, excepciones y mecanismos de transición pueden ser la diferencia entre corregir abusos y castigar modelos de negocio legítimos.
