Deuda del Estado con constructoras en 2026: situación actual

Tabla de contenidos

• 1. Constructoras rechazan plan de factoraje del Gobierno
• 2. Rechazo del plan de factoraje
• 3. Deuda acumulada del Estado paraguayo con el sector de la construcción
• 4. Impacto de los atrasos del Gobierno en las constructoras
• 5. Condiciones insatisfactorias del mecanismo de factoraje
• 6. Desglose de la deuda: certificados de obras e intereses
• 7. Descuentos económicos asumidos por las constructoras
• 8. Análisis
• 8.1 Contexto de la Deuda en Paraguay y Honduras
• 8.2 Impacto en el Sector de la Construcción y la Economía

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Constructoras rechazan plan de factoraje del Gobierno

Reclamo por pagos atrasados
Qué pasó: La Cámara Paraguaya de la Construcción manifestó su disconformidad con el plan de factoraje impulsado por el Gobierno, al considerar que no resuelve el atraso de pagos y que, por sus condiciones, se parece más a un préstamo comercial.
Cifra clave: deuda estimada en USD 360 millones con el sector.
Quién lo dijo: Raúl López, miembro de la Cámara, en declaraciones a radio Monumental 1080 AM.

• La Cámara Paraguaya de la Construcción rechaza el plan de factoraje por considerarlo “injusto” y más parecido a un préstamo comercial.
• El Estado paraguayo acumula una deuda estimada en USD 360 millones con el sector.
• El gremio sostiene que los atrasos obligan a financiarse en el mercado privado para sostener la cadena de pagos.
• La deuda se compone de certificados de obra e intereses acumulados por demoras.

Rechazo del plan de factoraje

La Cámara Paraguaya de la Construcción expresó su disconformidad con el plan de factoraje impulsado por el Gobierno como alternativa para atender los atrasos en los pagos por obras públicas. La crítica central del gremio es que el mecanismo, tal como fue planteado, no resuelve el problema de fondo —la falta de pago oportuno— y traslada el costo financiero a las empresas que ya ejecutaron obras y esperan cobrar.

Raúl López, miembro de la Cámara, resumió el malestar en declaraciones a radio Monumental 1080 AM: el factoraje “no corrió” porque, en la práctica, terminaría siendo un préstamo comercial. En su lectura, el esquema propuesto no ofrecía condiciones equilibradas para el “triángulo” que debía conformarse entre el Estado (deudor), las constructoras (acreedoras) y las entidades financieras (que adelantan fondos contra documentos por cobrar).

Flujo Estado–Constructora–Banco
Cómo se supone que funciona el “triángulo” Estado–constructora–banco (y dónde se traba):
1) La constructora ejecuta la obra y obtiene el certificado/factura aprobada (derecho de cobro).
2) En lugar de esperar el pago del Estado, cede ese derecho a un banco/financiera para recibir efectivo hoy.
3) El banco adelanta el dinero, pero descuenta comisiones e intereses según plazo y riesgo.
4) El Estado paga al vencimiento (o cuando corresponda) al banco.
Checkpoints que definen si es liquidez o “préstamo disfrazado”:

• Plazo real de recuperación: si se estira a años, el costo total se dispara.
• Riesgo (con recurso vs. sin recurso): si la empresa sigue respondiendo ante impago, el alivio es menor.
• Costo total (tasa efectiva + comisiones): es lo que determina cuánto valor neto se pierde para cobrar antes.

“Entendemos que existen voluntades por buena parte del sector del Ministerio de Economía, del Ministerio de Obras, también por el Congreso, pero los tiempos son leoninos. Honestamente el factoraje no corrió, va a terminar siendo un préstamo comercial”.
Raúl López, Cámara Paraguaya de la Construcción, en radio Monumental 1080 AM.

El punto más sensible, según el gremio, es el plazo: López afirmó que se pretendía “reemplazar” el pago por cada factura a tres años, de manera proporcional. Para una empresa constructora —que paga salarios, subcontratos, combustible, materiales y equipos con una cadencia semanal o mensual— un horizonte de cobro tan largo cambia la naturaleza del instrumento: deja de ser una herramienta de liquidez para convertirse en una deuda adicional, con costo financiero y riesgo operativo.

En el trasfondo hay una tensión clásica en infraestructura: el Estado es un cliente de gran volumen, pero cuando paga tarde, obliga a que el sector privado actúe como financiador involuntario de la obra pública. El gremio sostiene que, ante la falta de desembolsos, las empresas deben seguir recurriendo a financiamiento privado para poder continuar con las obras. En otras palabras: el problema no es solo “cuánto se debe”, sino “cuándo se paga” y “quién absorbe el costo del tiempo”.

Deuda acumulada del Estado paraguayo con el sector de la construcción

El monto que el gremio pone sobre la mesa es contundente: el Estado paraguayo acumula una deuda de USD 360 millones con el sector de la construcción. Esa cifra, citada por Raúl López, funciona como referencia del tamaño del pasivo que presiona la operación cotidiana de las empresas vinculadas a obras públicas.

En paralelo, reportes de prensa y seguimientos sectoriales describen que, a lo largo de 2026, se realizaron pagos parciales que buscaron aliviar la situación. En ese marco, se mencionó una inyección de USD 150 millones entre abril y mayo, como parte de un acuerdo de pagos con el sector. Aun con ese alivio, el problema no desaparece: el saldo pendiente y, sobre todo, la incertidumbre sobre el calendario de pagos siguen afectando decisiones de ejecución, contratación y financiamiento.

La deuda no es un número abstracto: se traduce en certificados de obra que ya fueron emitidos y en intereses que se acumulan por demoras. Para las constructoras, el certificado es el documento que respalda que el trabajo fue realizado y aprobado; es, en la práctica, el “activo por cobrar” que debería convertirse en caja. Cuando ese paso se frena, el certificado se vuelve un papel que no paga nómina ni proveedores.

En este tipo de crisis, el impacto se amplifica por el rol del sector construcción como articulador de cadenas productivas: cada obra arrastra contratistas, transportistas, canteras, ferreterías industriales, servicios de ingeniería y mantenimiento de maquinaria. Por eso, cuando el Estado se atrasa, el problema no queda encerrado en la relación Gobierno–constructora; se derrama hacia la economía real.

Además, el debate sobre el factoraje aparece como síntoma de una búsqueda de “puentes” financieros para cubrir el bache entre ejecución y cobro. Pero el gremio insiste en que, si el puente se construye con condiciones que encarecen el costo del dinero o alargan el plazo de recuperación, el remedio puede ser peor que la enfermedad: la empresa cobra, sí, pero a costa de un descuento que erosiona su margen y su capital de trabajo.

En términos de gestión financiera, lo que está en juego es la conversión de un derecho de cobro en liquidez. Si el Estado no paga, la empresa se financia; si el factoraje no es competitivo, la empresa se financia igual, pero más caro o por más tiempo. Y en ambos casos, el costo termina incorporándose a la estructura del sector.

Impacto de los atrasos del Gobierno en las constructoras

El gremio describe un efecto inmediato: los atrasos del Gobierno obligan a las empresas a seguir acudiendo a financiamiento privado para sostener la cadena de pagos y continuar con las obras. Esa frase condensa una realidad operativa: la construcción no puede “pausarse” sin costos. Una obra en marcha tiene personal, equipos, seguros, logística y compromisos con subcontratistas. Si el flujo de caja se corta, la empresa debe reemplazar el pago estatal con líneas bancarias, crédito de proveedores o reestructuraciones internas.

Impacto del atraso en obra
Efecto dominó típico del atraso (de lo financiero a lo operativo):

• Caja: el certificado no se convierte en efectivo → se cubre el bache con crédito bancario/proveedores.
• Cadena de pagos: se renegocian plazos, se priorizan pagos críticos y sube el costo financiero → aumenta el estrés con subcontratistas y proveedores.
• Obra y empleo: se ralentizan frentes para “consumir menos caja”, se posterga contratación y se reduce capacidad de asumir nuevas licitaciones.

Señales de alerta prácticas: refinanciación mensual recurrente, aumento de descuentos por pronto pago exigidos por proveedores, y cronogramas de obra ajustados por razones de caja (no técnicas).

Raúl López también señaló que las empresas se ven obligadas a reestructurarse financieramente mes a mes, sin respuestas concretas del Estado. Esa reestructuración permanente suele implicar renegociar plazos con proveedores, priorizar pagos críticos, refinanciar pasivos de corto plazo y, en algunos casos, ralentizar frentes de obra para reducir el consumo de caja. El costo no es solo financiero: es de productividad y de planificación.

En el plano sectorial, distintos análisis periodísticos han advertido que la acumulación de deuda puede derivar en una crisis de liquidez, especialmente para firmas medianas y pequeñas, que tienen menos espalda para sostener meses de desfase. También se ha reportado que proyectos reducen su ritmo o se paralizan temporalmente cuando el pago no llega, lo que afecta la capacidad de ejecutar nuevos contratos y mantener niveles de empleo.

Aquí aparece un punto clave para cualquier lector que gestione una empresa (aunque no sea constructora): cuando un cliente grande paga tarde, el proveedor termina financiando la operación del cliente. En obra pública, ese cliente es el Estado, y el volumen hace que el “financiamiento involuntario” sea masivo. Si además la alternativa ofrecida (factoraje) no compensa el costo del tiempo, la empresa queda atrapada entre dos opciones imperfectas: esperar y tensionar su cadena de pagos, o adelantar el cobro con un descuento que castiga su rentabilidad.

Desde la óptica de capital de trabajo, el atraso alarga el ciclo de conversión de efectivo: se paga hoy para producir (o construir) y se cobra mucho después. En sectores intensivos en materiales y mano de obra, ese alargamiento puede ser determinante para la supervivencia, porque obliga a sostener inventarios, anticipos y gastos fijos sin el ingreso correspondiente.

El resultado es una industria que opera con incertidumbre. Y la incertidumbre, en infraestructura, se traduce en decisiones conservadoras: menos contratación, más cautela en licitaciones y mayor dependencia de financiamiento de corto plazo. En ese contexto, el debate sobre el factoraje no es técnico: es una discusión sobre quién absorbe el costo de la demora.

Condiciones insatisfactorias del mecanismo de factoraje

El factoraje —o factoring— es un instrumento financiero mediante el cual una empresa vende sus facturas o cuentas por cobrar a un banco o entidad especializada. A cambio, recibe dinero de forma inmediata, descontando una comisión e intereses. En teoría, es una herramienta para mantener flujo de caja sin esperar el plazo original de cobro.

Términos clave para leer cualquier propuesta de factoraje

• Cesión de derechos de cobro: el acto de transferir a un tercero el derecho a cobrar una factura/certificado.
• Con recurso vs. sin recurso: en con recurso, si el pagador no paga, la empresa puede tener que responder; en sin recurso, el riesgo de no pago recae principalmente en quien compra la cuenta por cobrar.
• Costo total / tasa efectiva: más allá de la “tasa”, importa el costo total (intereses + comisiones) y cómo se acumula con el plazo.

Pero el gremio constructor sostiene que el diseño propuesto por el Gobierno no cumplía esa promesa. López explicó que el mecanismo no prosperó por falta de condiciones favorables para los empresarios: “no era satisfactorio para el triángulo que se debía armar”. En su descripción, el esquema pretendía llevar el cobro a un horizonte de tres años por factura, lo que, en la práctica, lo convertía en un financiamiento de largo plazo con lógica de préstamo.

¿Por qué importa tanto el plazo? Porque el factoraje funciona mejor cuando adelanta un cobro relativamente cercano y con un pagador confiable. Si el plazo se estira, el costo financiero acumulado crece y el descuento se vuelve más agresivo. En ese punto, la empresa no está “monetizando” una cuenta por cobrar: está asumiendo una pérdida relevante para convertirla en caja.

Además, el gremio cuestiona la justicia del planteamiento: tras haber cumplido con la ejecución de las obras, las empresas se ven obligadas a asumir descuentos económicos para poder percibir fondos que el Estado les adeuda. La palabra “injusta” aparece porque, desde su perspectiva, el riesgo y el costo no deberían recaer en quien ya entregó el servicio y espera el pago.

En términos operativos, un factoraje mal estructurado puede generar tres efectos no deseados:

1. Sustituye un atraso por un endeudamiento: la empresa cobra, pero queda atada a condiciones que se parecen a un crédito comercial.
2. Erosiona márgenes: el descuento (comisiones e intereses) se come parte del valor del certificado o factura.
3. Normaliza el pago tardío: si el sistema se acostumbra a “financiar” el atraso, el incentivo a pagar a tiempo se debilita.

El gremio no niega que existan “voluntades” en instituciones como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras y el Congreso. Lo que cuestiona es la calidad de la solución: si el instrumento no mejora el flujo de caja en condiciones razonables, no cumple su función. Para las constructoras, el problema no es la existencia del factoraje como herramienta, sino las condiciones específicas bajo las cuales se pretendía aplicarlo.

Desglose de la deuda: certificados de obras e intereses

La deuda total mencionada por el gremio —USD 360 millones— se divide, según Raúl López, en dos grandes componentes: USD 250 millones correspondientes a certificados de obras en curso y USD 110 millones en intereses.

Costo total de pagos atrasados
Cifras del desglose citado por el gremio:

• USD 250 millones: certificados de obras (trabajo ejecutado/aprobado pendiente de cobro).
• USD 110 millones: intereses (costo acumulado por la demora en el pago).

Lectura rápida: no es solo “lo que falta pagar”, sino también “lo que costó pagar tarde”.

Este desglose es relevante porque muestra que el pasivo no es solo “principal” (lo que se debe por obra ejecutada), sino también el costo del tiempo: los intereses acumulados por el atraso. En otras palabras, la demora no solo posterga el pago; lo encarece.

Los certificados de obra son el corazón del reclamo. Representan trabajos ejecutados y validados dentro del marco contractual. Cuando esos certificados no se pagan, la empresa queda con un activo por cobrar que no se convierte en caja, pero que sí exige que la empresa haya desembolsado costos reales para construir: materiales, mano de obra, maquinaria, logística y subcontratos.

El componente de intereses, por su parte, refleja una acumulación que el gremio interpreta como consecuencia directa de la mora estatal. López lo describió como intereses vinculados a una suerte de “capital de patrimonio entregado a través de obras” que, operativamente, “ya están al servicio del país hace más o menos tres años”. La frase apunta a una idea: la infraestructura ya está generando utilidad pública, pero el pago al ejecutor se sigue postergando, y esa postergación genera un costo adicional.

Desde una perspectiva financiera, separar principal e intereses ayuda a entender el conflicto: incluso si el Estado logra ponerse al día con certificados, queda pendiente cómo se reconocerán y pagarán los intereses. Y si los intereses no se atienden, el sector percibe que se le pide absorber una parte del costo de la política de pagos.

También explica por qué el factoraje genera resistencia: si el monto por cobrar ya incluye un componente de intereses por atraso, aplicar un descuento adicional para adelantar el cobro puede sentirse como una doble penalización. Primero, se paga tarde; después, se cobra menos para poder cobrar.

En la práctica, este tipo de estructura de deuda obliga a las empresas a administrar dos relojes: el de la obra (plazos técnicos) y el del cobro (plazos financieros). Cuando el segundo se desordena, el primero se vuelve más caro y más difícil de cumplir.

Descuentos económicos asumidos por las constructoras

El gremio sostiene que, ante la falta de pagos oportunos, las empresas terminan asumiendo descuentos económicos para poder percibir los fondos que el Estado les adeuda. Esa afirmación no se limita al factoraje como producto financiero; describe una dinámica más amplia: cuando el cobro se vuelve incierto, la liquidez se compra a precio de descuento.

Costos Ocultos del Pago Tardío
Dónde se “pierde” valor cuando el pago se atrasa (descuentos explícitos e implícitos):

• Comisiones e intereses del factoraje (descuento explícito por adelantar el cobro).
• Mayor costo de líneas bancarias de corto plazo para cubrir nómina/materiales.
• Renegociaciones con proveedores (recargos, pérdida de descuentos por pronto pago, condiciones más duras).
• Costos por reestructuración mensual (refinanciaciones, garantías, gastos administrativos).
• Menor productividad por ralentizar frentes de obra para “cuidar caja”.

En el caso del factoraje, el descuento es explícito: comisiones e intereses que la entidad financiera cobra por adelantar el dinero. En otros casos, el descuento puede ser implícito: renegociaciones con proveedores, costos por refinanciar líneas de corto plazo o condiciones más duras para obtener crédito privado. En cualquier variante, el resultado es el mismo: la empresa recibe menos valor neto por un trabajo ya ejecutado.

Para una constructora, ese recorte no es menor. La obra pública suele operar con márgenes ajustados y con estructuras de costos rígidas. Si el pago se atrasa, la empresa no puede “deshacer” el gasto ya realizado; solo puede financiarlo. Y si para financiarlo debe ceder parte del valor del certificado, su rentabilidad se deteriora.

El gremio califica esta situación como “profundamente injusta” porque el descuento no surge de una decisión empresarial de optimización financiera, sino de una necesidad: sostener la cadena de pagos. En términos simples, se paga para que la obra no se detenga, aunque el cliente (el Estado) no pague a tiempo.

Este punto conecta con una lección práctica para cualquier PyME que trabaje con grandes pagadores: el costo del financiamiento no es solo la tasa; es el conjunto de condiciones que determinan cuánto valor se pierde para convertir una cuenta por cobrar en efectivo. Si el pagador se atrasa y el mercado exige un descuento alto para adelantar el cobro, el proveedor termina subsidiando la operación del cliente.

En el caso paraguayo, el rechazo al plan de factoraje se entiende mejor desde aquí: si el mecanismo propuesto alarga plazos y obliga a descuentos relevantes, no actúa como solución de liquidez, sino como transferencia de costo desde el Estado hacia las empresas. Y cuando esa transferencia se vuelve sistemática, el sector entra en un ciclo de reestructuración permanente, como describió López: mes a mes, ajustando finanzas para sobrevivir a un calendario de pagos incierto.

Análisis

Contexto de la Deuda en Paraguay y Honduras

En Paraguay, el conflicto gira alrededor de una deuda estimada en USD 360 millones con el sector construcción, con un componente importante de intereses acumulados por atrasos. En Honduras, distintos reportes también describen una situación de deuda estatal con constructoras, con montos relevantes y efectos sobre la continuidad de proyectos. Aunque los números y sistemas administrativos difieren, el patrón se repite: cuando el Estado se atrasa, el sector privado absorbe el costo financiero y operativo.

La comparación sirve para entender que no se trata solo de un problema contable, sino de gestión del gasto público y de ejecución presupuestaria. En ambos casos, el atraso tensiona la relación Estado–proveedores y deteriora la confianza en el Estado como cliente.

Impacto en el Sector de la Construcción y la Economía

La construcción es un sector con alto efecto multiplicador: empleo directo, subcontrat

Evaluar Liquidez, Costo y Riesgo
Marco para evaluar si una propuesta “destraba” o solo traslada el problema:

• Plazo: ¿acorta de verdad el tiempo de cobro o lo patea a años?
• Costo total: ¿cuánto se descuenta en términos netos (intereses + comisiones) por adelantar el dinero?
• Asignación de riesgo: ¿quién carga con el riesgo de atraso/impago y con el costo del tiempo: el Estado, el banco o la empresa?

Si el plazo se alarga, el costo total sube y el riesgo queda en la empresa, el factoraje deja de ser liquidez y se parece a deuda adicional.

En Lady Factoraje solemos leer este tipo de debates con una pregunta operativa: si el Estado propone “factoraje” para destrabar pagos, ¿el diseño realmente acorta el plazo de cobro y el costo total es razonable, o solo cambia un atraso por un financiamiento largo que erosiona margen y capital de trabajo? Esa distinción —plazo, costo total y asignación de riesgo— es la que termina definiendo si el instrumento funciona como liquidez o como deuda adicional.

Este texto se basa en información pública disponible al momento de su redacción sobre declaraciones del gremio constructor y pagos parciales mencionados en medios durante 2026. Las cifras podrían variar conforme se actualicen los datos, avancen los desembolsos y se reconozcan intereses. Si surgen nuevos acuerdos o reglamentaciones, el efecto del factoraje podría cambiar según sus condiciones finales (plazo, costo total y distribución de riesgos).